Las relaciones entre Colombia y Estados Unidos atraviesan su momento más tenso en años. Este jueves, ambos gobiernos llamaron a consultas a sus máximos representantes diplomáticos, en un nuevo episodio que profundiza el distanciamiento entre dos países históricamente aliados.
Washington tomó la delantera retirando al encargado de negocios en Bogotá, John McNamara, tras considerar “repudiables e infundadas” declaraciones de altos funcionarios colombianos, según un comunicado emitido por la portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce. Aunque no se detallaron las declaraciones específicas, el contexto apunta a las recientes tensiones generadas por denuncias de injerencia extranjera y una supuesta trama golpista.
En respuesta, el presidente Gustavo Petro ordenó el regreso a Colombia de su embajador en Washington, Daniel García-Peña. La decisión se dio pocas horas después de que se conociera la renuncia de la canciller Laura Sarabia, quien dejó el cargo por “diferencias” con el mandatario, según explicó en una carta. Aunque su dimisión no está directamente relacionada con el conflicto diplomático, deja un vacío en un momento clave para la política exterior del país.
Sarabia, considerada una de las figuras más influyentes del gobierno, había liderado gestiones con EE.UU. para renovar la certificación como país aliado en la lucha antidrogas. Su salida se da en medio de fuertes discrepancias con Petro, entre ellas por el manejo del contrato de pasaportes, un tema que ha generado controversia en las últimas semanas.
A la creciente tensión bilateral se suma la publicación de audios por el diario español El País, que sugieren un presunto complot para derrocar a Petro, supuestamente con participación de políticos colombianos y estadounidenses. Aunque el presidente ha sido cauto al hablar de nombres, ha insinuado que existe una ofensiva de sectores de la “extrema derecha” contra su gobierno.
Estados Unidos, por su parte, evalúa tomar más acciones para expresar su “profunda preocupación” por el deterioro de la relación, aunque insiste en que Colombia sigue siendo un “socio estratégico esencial”. En paralelo, legisladores colombianos pidieron al Congreso de EE.UU. investigar a tres congresistas republicanos por presunta injerencia en asuntos internos de Colombia.
Petro respondió con firmeza desde Bogotá: “Yo no me arrodillo ni me dejo presionar”, dijo tras ser llamado “narcoterrorista” por uno de los congresistas estadounidenses. “Escojan el enemigo, nosotros no somos”, sentenció.
A esto se suma el descontento de Washington por el ingreso de Colombia en la iniciativa china de las Nuevas Rutas de la Seda, así como la negativa del gobierno colombiano a extraditar a guerrilleros solicitados por la justicia estadounidense.
A poco más de un año para que finalice su mandato, Petro mantiene su apuesta por un enfoque alternativo en la lucha antidrogas y por una política exterior más autónoma, pero la presión externa parece ir en aumento.